Los puntos principales que se incluirían en la reforma laboral son:
- Paritarias por empresa. Se priorizará el convenio por empresa por sobre el de la actividad. El Gobierno cree que este tipo de acuerdos permiten ajustar las condiciones laborales a las particularidades de cada compañía.
- Eliminación de la “ultraactividad”. Este concepto -impulsado por el sector empresarial- implica que las condiciones de un convenio colectivo de trabajo se mantendrán después de su vencimiento hasta tanto se negocien nuevos requisitos.
- Salario dinámico por mérito. La iniciativa propone que además del sueldo básico se entreguen aumentos variables según al desempeño, la productividad y la eficacia.
- Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
- Bancos de horas. Se trata de un esquema por el que los trabajadores que tengan horas extra las compensen con momentos de descanso.
Jornada extendida a los aumentos por productividad:
La iniciativa final surgirá del intercambio de los integrantes del Consejo de Mayo. Ingresará por la Cámara de Diputados.
El proyecto también contará con los aportes de la propuesta presentada por la diputada libertaria Romina Diez, quien en sus fundamentos destacó que, “la iniciativa tiene por objeto promover las inversiones y el empleo a través de medidas de incentivo que están en línea con el sendero marcado por la Ley Bases”.
El proyecto pretende institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado. Los preceptos del proyecto avanzan en el sendero que fomenta la contratación de empleados, actualizando la normativa laboral, así como la que refiere al trabajo agrario.
La propuesta busca el dinamismo que exige el mercado en la actualidad, estableciendo bonos de crédito fiscal; empalme entre los programas de empleo y/o asistencia y el trabajo registrado para las nuevas contrataciones. Para acceder a los beneficios y/o estímulos económicos en la contratación de puestos de trabajo deberá cumplirse con una serie de requisitos y atender a los límites económicos que fija el proyecto.
Las reformas que se propondrán, ingresarán al Congreso a partir del 15 de diciembre, como adelantó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando concurrió a defender el Presupuesto 2026 en la Cámara Baja,
Las modificaciones en materia laboral están dirigidas a establecer un régimen de paritarias por empresa y salario dinámico por mérito o productividad. Hoy conviven dos esquemas posibles, pero el convenio por actividad siempre prevalece sobre el por empresa, que solo pueda mejorar las condiciones del primero.
A diferencia de los convenios por actividad, los acuerdos por empresa permiten ajustar las cláusulas a las realidades de cada empresa, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica. El avance hacia un modelo donde el convenio de empresa tenga prioridad deberá debatirse en una futura modernización laboral, en el marco del diálogo social con gremios y el sector empresario.
Con el esquema vigente, el desafío es garantizar que los convenios de actividad puedan aplicarse de manera efectiva en todo el país, incluso en las regiones más desfavorecidas o en empresas con menos recursos.
Por otro lado, las paritarias deben contemplar un principio esencial sostenido también por la OIT: la sostenibilidad económica de las empresas. El sistema laboral solo funciona si las empresas pueden sostenerse en el tiempo. Los convenios y las paritarias deben construirse sobre bases realistas, que luego puedan mejorarse a nivel empresa cuando las condiciones lo permitan.
El salario dinámico por mérito y productividad es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales. Se busca incorporar criterios objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales.
El propósito de estas modificaciones es mejorar el salario y reconocer el mérito sin comprometer la sostenibilidad empresarial.
El incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia.
El objetivo de esta reforma es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores. Buscando facilitar la contratación y la formalización, no eliminar protecciones. El propósito es generar más trabajo formal y de calidad en un marco legal ágil que acompañe los cambios del mundo productivo actual y futuro.
Además, plantearán la digitalización de los procesos de registro; la limitación de trabas burocráticas; la libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte. La implementación de bancos de horas.
Hablemos La reforma tributaria
A diferencia de la reforma laboral, la impositiva reviste mayores complejidades en su implementación. Si bien hay coincidencias sobre cuáles son las modificaciones que se quieren aplicar, la iniciativa presenta dificultades porque involucra cuestiones vinculadas a la coparticipación y exige consensos con las provincias.
Por estas horas, varios de los técnicos que llevaron sus ideas están esperando el borrador final del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para conocer los pormenores de lo que se pretende enviar al Congreso.
En la discusión también apareció un punto troncal para el programa económico libertario: que la reforma impositiva no afecte el equilibrio fiscal, por lo que varias de las modificaciones podrían darse de forma gradual.
La reforma tributaria tendrá por objetivo “simplificar y reducir impuestos”, y una baja en Ganancias para personas físicas.
En el Consejo de Mayo, en tanto, se dialogó sobre darle preponderancia a la eliminación del impuesto al cheque y la reducción de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sobre Ingresos Brutos, una de las opciones en consideración es proponer un pacto fiscal con los gobernadores para que se comprometan a achicar las alícuotas.
Además, meses atrás se deslizó la posibilidad de incorporar un “Súper IVA”, a través del cual la Nación cobraría un 9% y las provincias sumarían el porcentaje adicional que consideren en un formato de competencia fiscal
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