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Embargos en Arca al orden del día

ARCA (ex AFIP) está aplicando embargos con una lógica automatizada, despersonalizada y fiscalista, desconectada de la realidad económica que viven miles de contribuyentes.

Con el levantamiento de la suspensión de embargos a partir del 17 de febrero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA, ex AFIP) desató una oleada de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de miles de contribuyentes. Embargos simultáneos, caída de planes de pago y falta de capacidad de respuesta están provocando un efecto dominó que paraliza la actividad económica y deja a muchos al borde de la quiebra.

Cuando en 2024 el Gobierno anunció la transformación de la AFIP en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Argentino), muchos esperaban un sistema más moderno, ágil y menos opresivo. Pero lo que ocurrió desde febrero de 2025 parece responder a una lógica inversa: una maquinaria recaudadora que, sin filtros ni criterios de razonabilidad, está provocando la asfixia financiera de miles de contribuyentes.

Esta fecha marcó un punto de quiebre. Ese día, ARCA retomó formalmente las ejecuciones fiscales y embargos bancarios para contribuyentes con deudas impositivas iguales o superiores a los $20 millones. Le siguieron, en marzo y abril, aquellos con deudas de más de $7 millones y menores a ese monto respectivamente, conforme a la Instrucción General Conjunta.

La reanudación no fue paulatina ni selectiva. Fue masiva y automática. Esto generó un cuello de botella administrativo, con miles de casos gestionándose al mismo tiempo y un organismo sin capacidad real de respuesta en los plazos que requiere la operatoria comercial de cualquier empresa o profesional.

Dado que exceptuó solo a entidades sin fines de lucro o empresas de salud, ahora son miles los contribuyentes que se exponen a un embargo en sus cuentas por incumplimiento de sus obligaciones.

Esta posibilidad estaba suspendida, pero la Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía publicada el pasado diciembre en el Boletín Oficial la hizo entrar vigor nuevamente.

Sin embargo, la norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud hasta el 31 de julio de 2025.

¿Embargar primero, resolver después?

El problema no es solo el embargo en sí. El problema es el colapso administrativo posterior. Una vez embargada la cuenta, los contribuyentes enfrentan semanas de trámites, presentaciones y demoras para lograr el levantamiento de la medida.

¿Qué ocurre entonces?

• Se caen las cuotas de los planes de facilidades de pago con la misma ARCA, por falta de fondos.
• Si los planes caducan, eso genera nueva deuda líquida y exigible, que a su vez habilita nuevos embargos.
• En algunos casos, los contribuyentes llegan a tener dos o tres embargos activos en simultáneo, cada uno sobre una cuenta o banco distinto.
• Si hay débitos de préstamos bancarios o tarjetas, también se interrumpen, generando informes negativos en el sistema financiero.

Este círculo vicioso -deuda, embargo, imposibilidad de pagar, nueva deuda- está empujando a muchas empresas al colapso.

Demoras que generan un daño irreparable

Aún pagando la deuda, el levantamiento del embargo no es inmediato. El trámite puede demorar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del juzgado interviniente, la velocidad del banco y la carga administrativa del organismo. Durante ese tiempo, la empresa no puede operar normalmente. El daño está hecho.

Algunos bancos incluso rechazan operaciones por montos que superen el saldo “liberado” por el juzgado, o directamente inmovilizan fondos adicionales “por error” o falta de actualización. Mientras tanto, el contribuyente ve cómo sus débitos caen, sus pagos rebotan y su reputación crediticia se deteriora.

Ante esta situación crítica, es necesario que ARCA tome medidas urgentes para evitar seguir asfixiando contribuyentes:

• Implementar un mecanismo de levantamiento automático del embargo al momento del pago total o parcial.
• Eximir cuentas operativas de embargos automáticos, al menos parcialmente, garantizando fondos para pagos esenciales (sueldos, aportes, servicios, etc.).
• Coordinar sistemas internos (SIRCREB, Mis Facilidades y Juicios de Ejecución) para evitar superposiciones.
• Garantizar la notificación previa al contribuyente antes de ejecutar el embargo, para que pueda gestionar y evitar sorpresas.
• Agilizar y priorizar la gestión judicial y administrativa de levantamientos de embargos para minimizar tiempos de bloqueo.

ARCA (ex AFIP) está aplicando embargos con una lógica automatizada, despersonalizada y fiscalista, desconectada de la realidad económica que viven miles de contribuyentes. El resultado es una parálisis operativa que no distingue entre evasores sistemáticos y contribuyentes cumplidores que enfrentan coyunturas difíciles.

Si bien el Estado tiene derecho -y deber- de cobrar impuestos, ese derecho no puede ejercerse de forma arbitraria, desproporcionada y sin garantizar mecanismos de contención. Embargar sin coordinación entre sistemas, sin prever instancias previas de diálogo y sin medir el daño que produce en la cadena de pagos es lisa y llanamente un acto de negligencia institucional.

No hay equilibrio fiscal posible si la contracara es un cementerio de contribuyentes fundidos. Si ARCA no corrige el rumbo, no sólo afectará su propia capacidad recaudatoria: estará comprometiendo la viabilidad del sistema económico formal.

La recaudación no puede ser un fin en sí mismo. Debe ser una herramienta al servicio de un modelo económico sustentable. Y eso exige responsabilidad, gradualismo y diálogo. Urgente.

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Facturas a Consumidor final sin pedir DNI

ARCA: los comercios ya no deberán pedir el DNI a los clientes en compras menores a $10 millones

 27 de mayo de 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza un paso más en la oficialización de las medidas tomadas el pasado jueves. Dentro de los anuncios clave del organismo a cargo de Juan Pazo, se destacó la eliminación de algunos régimenes informativos y la elevación de umbrales para el inicio de investigaciones fiscales.

Se publicó la Resolución General 5700/2025 en el Boletín Oficial, que elevó a $10.000.000 el monto a partir del cual corresponde identificar al adquirente, locatario, o prestatario cuando actúe como consumidor final. Una vez superado ese umbral, deberá consignarse su CUIT, CUIL, CDI o DNI (en caso de extranjeros, documento del país de origen o pasaporte).

En paralelo, también se amplía a $500.000 el monto de operaciones que pueden documentarse mediante el sistema simplificado del “Facturador”.

ARCA elevó los umbrales para iniciar investigaciones Además, la Agencia de Recaudación de Control Avanzado (ARCA), ex AFIP, estableció nuevos límites mínimos que disparan la obligación de informar o la posibilidad de ser fiscalizado:

Transferencias/acreditaciones: $50 millones (personas físicas) y $30 millones (jurídicas)

Extracciones en efectivo: $10 millones para ambos

Saldos bancarios: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)

Plazos fijos: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)

Billeteras virtuales: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)

Sociedades de bolsa: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)

Compras como consumidor final: hasta $10 millones sin identificación ni reporte

A su vez, las Resoluciones 5697 y 5698/2025 también eliminan varios regímenes de información obligatorios, entre ellos:

Reportes de consumos con tarjetas y billeteras virtuales

El sistema CITI Escribanos, que obligaba a informar operaciones notariales desde $10 millones

Informes de compra-venta de vehículos usados

Reporte de expensas desde $32.000

Declaración del COTI al publicar inmuebles en venta

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Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos

Se trata de un paquete de medidas tendientes a flexibilizar los regímenes de información y control aplicables a las operaciones efectuadas por personas humanas y jurídicas. 

Su implementación se dará en dos etapas:

• Primer Etapa: mediante un Decreto del Poder Ejecutivo y adecuaciones reglamentarias por parte de los Organismos de contralor (ARCA, UIF, BCRA)

• Segunda Etapa:  elaboración de un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional donde se modificará el Régimen Penal Cambiario, Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Fiscal para otorgar seguridad jurídica. 

¡IMPORTANTE! 

Ninguna de las normas que se dicten en el marco de este régimen liberarán de las obligaciones impuestas por la legislación vigente orientada a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Implementación de la Primer Etapa

Mediante el Decreto PEN 353/2025 publicado en el Boletín Oficial el 23/05/2025 se dispone la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes conforme a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.