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Plan de pagos nuevo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo plan especial de facilidades de pago. La medida busca ofrecer una salida ordenada a los contribuyentes con deudas vencidas al 30 de abril de 2025, tanto en el ámbito impositivo como en el de la seguridad social.

Esta nueva herramienta está pensada para contribuir a la estabilidad fiscal, brindando condiciones favorables para ponerse al día sin recurrir a instancias judiciales o embargos. ARCA ya había obtenido buenos resultados con su anterior plan, que permitió reducir significativamente el stock de deuda activa.

¿Cuáles son las condiciones de los nuevos planes de pago?

No habrá limitaciones en la cantidad de planes a presentar.

La fecha de consolidación será la fecha de adhesión.

En cuanto a los pagos a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y tasa de financiación fija a otorgar será de la siguiente manera:

¿Quiénes pueden acceder al plan de pagos? Podrán adherirse a este nuevo esquema de regularización:

Personas humanas y sucesiones indivisas

Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes – tramos 1 y 2)

Entidades sin fines de lucro

Empresas del sector salud

Otros contribuyentes no incluidos en los grupos anteriores

Esta amplia inclusión apunta a facilitar el cumplimiento fiscal en sectores claves de la economía, especialmente aquellos que enfrentan mayores dificultades financieras en el actual contexto económico.

¿Qué deudas se pueden incluir? El plan alcanza una variada gama de obligaciones fiscales, entre las que se destacan:

Deudas impositivas

Aportes y contribuciones a la seguridad social

Obligaciones del monotributo

Retenciones y percepciones impositivas

Tributos aduaneros, tanto de importación como de exportación

Liquidaciones e intereses en el marco del Código Aduanero (Ley 22.415)

También estarán comprendidas las infracciones y multas aduaneras relacionadas, en tanto estén incluidas en el procedimiento establecido por la ley vigente.

¿Cuál es el objetivo del nuevo régimen? El plan se enmarca en una política activa de recaudación progresiva y previsible, que busca garantizar el financiamiento del Estado sin recurrir de forma inmediata a medidas coercitivas como los embargos o ejecuciones fiscales. De hecho, recientemente ARCA también modificó el procedimiento de embargos para dar un plazo adicional de 48 horas antes de solicitar cautelares judiciales, lo que refuerza esta nueva lógica de incentivo al cumplimiento voluntario.

Con este tipo de herramientas, el Gobierno apunta a mejorar la liquidez de los contribuyentes, especialmente de las pymes, y evitar una mayor litigiosidad en el ámbito tributario. A su vez, permite a la administración recuperar fondos clave sin necesidad de incrementar la presión fiscal.

Próximos pasos, se espera que en los próximos días ARCA publique los detalles técnicos del plan, incluyendo el plazo de adhesión, el número de cuotas, las tasas de financiación aplicables y los beneficios por cumplimiento (como condonaciones parciales de intereses o multas).

El antecedente inmediato —el plan vigente hasta el 31 de mayo— permitió reducir un 66% el monto de deuda capital en determinados sectores, mostrando que los regímenes flexibles y masivos pueden resultar efectivos en términos de recaudación.

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Embargos en Arca al orden del día

ARCA (ex AFIP) está aplicando embargos con una lógica automatizada, despersonalizada y fiscalista, desconectada de la realidad económica que viven miles de contribuyentes.

Con el levantamiento de la suspensión de embargos a partir del 17 de febrero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA, ex AFIP) desató una oleada de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de miles de contribuyentes. Embargos simultáneos, caída de planes de pago y falta de capacidad de respuesta están provocando un efecto dominó que paraliza la actividad económica y deja a muchos al borde de la quiebra.

Cuando en 2024 el Gobierno anunció la transformación de la AFIP en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Argentino), muchos esperaban un sistema más moderno, ágil y menos opresivo. Pero lo que ocurrió desde febrero de 2025 parece responder a una lógica inversa: una maquinaria recaudadora que, sin filtros ni criterios de razonabilidad, está provocando la asfixia financiera de miles de contribuyentes.

Esta fecha marcó un punto de quiebre. Ese día, ARCA retomó formalmente las ejecuciones fiscales y embargos bancarios para contribuyentes con deudas impositivas iguales o superiores a los $20 millones. Le siguieron, en marzo y abril, aquellos con deudas de más de $7 millones y menores a ese monto respectivamente, conforme a la Instrucción General Conjunta.

La reanudación no fue paulatina ni selectiva. Fue masiva y automática. Esto generó un cuello de botella administrativo, con miles de casos gestionándose al mismo tiempo y un organismo sin capacidad real de respuesta en los plazos que requiere la operatoria comercial de cualquier empresa o profesional.

Dado que exceptuó solo a entidades sin fines de lucro o empresas de salud, ahora son miles los contribuyentes que se exponen a un embargo en sus cuentas por incumplimiento de sus obligaciones.

Esta posibilidad estaba suspendida, pero la Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía publicada el pasado diciembre en el Boletín Oficial la hizo entrar vigor nuevamente.

Sin embargo, la norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud hasta el 31 de julio de 2025.

¿Embargar primero, resolver después?

El problema no es solo el embargo en sí. El problema es el colapso administrativo posterior. Una vez embargada la cuenta, los contribuyentes enfrentan semanas de trámites, presentaciones y demoras para lograr el levantamiento de la medida.

¿Qué ocurre entonces?

• Se caen las cuotas de los planes de facilidades de pago con la misma ARCA, por falta de fondos.
• Si los planes caducan, eso genera nueva deuda líquida y exigible, que a su vez habilita nuevos embargos.
• En algunos casos, los contribuyentes llegan a tener dos o tres embargos activos en simultáneo, cada uno sobre una cuenta o banco distinto.
• Si hay débitos de préstamos bancarios o tarjetas, también se interrumpen, generando informes negativos en el sistema financiero.

Este círculo vicioso -deuda, embargo, imposibilidad de pagar, nueva deuda- está empujando a muchas empresas al colapso.

Demoras que generan un daño irreparable

Aún pagando la deuda, el levantamiento del embargo no es inmediato. El trámite puede demorar entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del juzgado interviniente, la velocidad del banco y la carga administrativa del organismo. Durante ese tiempo, la empresa no puede operar normalmente. El daño está hecho.

Algunos bancos incluso rechazan operaciones por montos que superen el saldo “liberado” por el juzgado, o directamente inmovilizan fondos adicionales “por error” o falta de actualización. Mientras tanto, el contribuyente ve cómo sus débitos caen, sus pagos rebotan y su reputación crediticia se deteriora.

Ante esta situación crítica, es necesario que ARCA tome medidas urgentes para evitar seguir asfixiando contribuyentes:

• Implementar un mecanismo de levantamiento automático del embargo al momento del pago total o parcial.
• Eximir cuentas operativas de embargos automáticos, al menos parcialmente, garantizando fondos para pagos esenciales (sueldos, aportes, servicios, etc.).
• Coordinar sistemas internos (SIRCREB, Mis Facilidades y Juicios de Ejecución) para evitar superposiciones.
• Garantizar la notificación previa al contribuyente antes de ejecutar el embargo, para que pueda gestionar y evitar sorpresas.
• Agilizar y priorizar la gestión judicial y administrativa de levantamientos de embargos para minimizar tiempos de bloqueo.

ARCA (ex AFIP) está aplicando embargos con una lógica automatizada, despersonalizada y fiscalista, desconectada de la realidad económica que viven miles de contribuyentes. El resultado es una parálisis operativa que no distingue entre evasores sistemáticos y contribuyentes cumplidores que enfrentan coyunturas difíciles.

Si bien el Estado tiene derecho -y deber- de cobrar impuestos, ese derecho no puede ejercerse de forma arbitraria, desproporcionada y sin garantizar mecanismos de contención. Embargar sin coordinación entre sistemas, sin prever instancias previas de diálogo y sin medir el daño que produce en la cadena de pagos es lisa y llanamente un acto de negligencia institucional.

No hay equilibrio fiscal posible si la contracara es un cementerio de contribuyentes fundidos. Si ARCA no corrige el rumbo, no sólo afectará su propia capacidad recaudatoria: estará comprometiendo la viabilidad del sistema económico formal.

La recaudación no puede ser un fin en sí mismo. Debe ser una herramienta al servicio de un modelo económico sustentable. Y eso exige responsabilidad, gradualismo y diálogo. Urgente.

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